jueves, 7 de abril de 2011

Ricardo Fernandez Barrueco

El etarra Cubillas persigue a las empresas españolas en Venezuela

Por Tomás A. Cabal, 15 de octubre de 2010 

A pesar de los nuevos acuerdos firmados con la administración del presidente colombiano Juan Manuel Santos, el gobierno de Hugo Chávez constituye una amenaza latente para sus vecinos y para el gobierno español. Los vínculos que ha mantenido y que todavía mantiene el señor Chávez con los narcoguerrilleros de las Farc y con el grupo de ETA, confirma la tesis de que Chávez, junto a sus aliados iraníes y cubanos constituye una amenaza permanente para la región. 

En el caso de España, el apoyo a los militantes del ETA por medio de suministro de tierras, Arturo Cubillas facilitó el entrenamiento militar de varios integrantes de esa organización terrorista. Las pruebas de lo sucedido fueron descubiertas en el ordenador del número dos de las Farc, Raúl Reyes, muerto en un bombardeo aéreo llevado a cabo por la aviación colombiana en territorio ecuatoriano el año pasado.

Las pruebas obtenidas confirman además el apoyo irrestricto que ha brindado Chávez a las Farc; apoyo que incluye refugio, documentos, armas, entrenamiento militar y documentos venezolanos. Funcionarios venezolanos muy apegados a Chávez mantienen estrechos vínculos con la guerrilla colombiana y con los señores de la ETA.

Este grupo que también supervisa el trasiego de drogas por Venezuela está constituido por el general Hugo Carvajal, conocido como el "Montesinos" de Chávez, por el ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacin y por el general Henry de Jesús Rangel, antiguo director de la policía política Disip. Carvajal, Chacin y Rangel fueron incluidos el año pasado en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus vínculos y negocios con la narcoguerrilla colombiana.

Estos individuos manejan el trasiego de drogas por el territorio venezolano, actividad criminal que ejecuta el llamado Cartel de los Soles, nombre que proviene de las insignias militares que utilizan los generales venezolanos. Según investigan fiscales federales norteamericanos en Nueva York, el envío de estupefacientes al mercado estadounidense y europeo es fuente de ingresos millonarios y forma parte de la política Chavista de enfrentar el imperialismo yanqui a como dé lugar.

Las Farc mantienen un control monopólico sobre el trasiego de cocaína y heroína colombiana. Para distraer la atención pública del tema, Venezuela ha emprendido una feroz campaña contra los capos colombianos del llamado Cartel del Norte del Valle.



En fecha reciente el presidente Chávez viajó a Rusia donde completó acuerdos para adquirir miles de millones de euros en armas de última generación; armas que incluyen aviones Sukhoi de primera línea y carros de combate. También acordó la construcción de una fábrica de fúsiles de guerra del tipo AK-47 cuyas municiones son utilizadas por las Farc. Venezuela es el único país en América Latina capaz de suplir esas municiones a los narcoguerrilleros de las Farc.

A pesar de las investigaciones realizadas por la Audiencia Nacional en Madrid en donde antiguos miembros del ETA han confirmado que Cubillas facilitó su entrenamiento militar en Venezuela, la administración del presidente Rodríguez Zapatero mantiene un discreto perfil y se niega a presionar al señor Chávez y su gobierno para que cesen el apoyo que brindan a los terroristas vascos.

En su cargo de director de tierras, Cubillas mantiene una política de persecución contra empresas y empresarios españoles que operan en el país. Escudándose en la política de expropiaciones que impulsa el presidente Chávez, Cubillas ha logrado el cierre y la estatización de importantes compañías que pertenecen a empresarios venezolanos de origen español. El mejor ejemplo de esta política de persecución lo constituye la intervención de las empresas agroalimentarias que son propiedad de la familia Fernandez Barrueco. El grupo con activos que superaban los 3 mil millones de euros y que manejaba el 70% de la industria alimentaria en el país pasaron a manos del gobierno venezolano.

El jefe del grupo, Ricardo Fernandez Barrueco fue arrestado acusado falsamente de un fraude bancario y permanece detenido en las oficinas del general Carvajal, jefe del servicio venezolano de contraespionaje. Los otros miembros de la familia tuvieron que huir de Venezuela y son ahora objeto de seguimiento y presiones por parte de los agentes Chavistas que operan en la región.

Uno de ellos, de nombre Pedro Luis Martín Olivares fue declarado persona non grata por el gobierno panameño cuando se descubrió que estaba presionado a familiares del señor Ricardo Fernandez Barrueco que viven en Panamá.

Los vínculos del presidente Chávez con el servicio secreto cubano y con los organismos de seguridad del gobierno iraní también preocupa a los gobiernos democráticos en Centroamérica. Irán apoya al grupo extremista islámico Hezbollah que opera en Venezuela, Panamá, Colombia y Paraguay, países donde trabajan comunidades islámicas que por tradición y cultura mantienen estrechos vínculos con sus parientes en el Líbano. Agentes venezolanos de origen sirio han sido denunciados en Panamá al descubrirse que buscaban apoyo económico entre los comerciantes árabes que operan en la Zona Libre de Colón, la mayor zona libre comercial de las Américas.

Un empresario venezolano de origen sirio de nombre Sarkis Arslanian es considerado por CIA como el cerebro de esta operación en Panamá. No obstante por el momento el gobierno panameño no ha reaccionado a pesar de que el señor Arslanian fue expulsado de los Estados Unidos en el 2004 por sus vínculos con grupos islámicos extremistas.

Cuba, estrecho colaborador del presidente Chávez, ha sido el mayor beneficiado con las expropiaciones venezolanas. Las empresas alimentarias del Grupo Fernández son administradas ahora por funcionarios cubanos quienes son los encargados de suplir de alimentos al pueblo venezolano. 

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